La tertulia estaba dedicada a tratar el tema: Las MUJERES ante el deterioro de los SERVICIOS PÚBLICOS. Las ponencias estuvieron a cargo de Ana Hernando, maestra y educadora infantil, y militante de la Asamblea Feminista de Madrid y de Carmen San José, médica de atención primaria y sindicalista en el Movimiento Asambleario de Trabajador@s de la Sanidad. La presentación por la Asamblea Social de Rivas la hizo Javier Navascués que destacó que la extensión o deterioro de los servicios públicos afectan particularmente a las mujeres en tanto que muchos de dichos servicios ayudan a socializar los trabajos de cuidados y crean condiciones de empleo mejores que facilitan su acceso a las mujeres; además recordó que en la valoración de la situación de los servicios públicos había que partir de la necesidad de cubrir el inmenso déficit de servicios públicos con que salimos de la dictadura, en relación con los países de nuestro entorno. También anunció la próxima tertulia para el 29 de abril: Modelos energéticos para un mundo en crisis.
Ana Hernando expuso la importancia de la educación infantil (0 a 6 años) en el desarrollo de las niñas y niños, superando el concepto de “guardería”, y cuya aceptación social y legal es un avance conquistado por la lucha de los movimientos de renovación pedagógica. A continuación pasó a analizar como afectaba el llamado “Decreto Aguirre” de educación infantil a las niñas, niños y a las mujeres [1]. Este decreto, amparándose en las indefiniciones de la LOE aprobada por el PSOE en el 2006, amplía el número de alumnos por aula, rebaja el número de profesoras necesarias por escuela, reduce sus titulaciones, los patios también se reducen y podrían no existir y la escuela podría destinarse o otros usos (fiestas por Ej.). Además se prevé la privatización total de la Red Pública de gestión indirecta y se modifican las aportaciones de las familias a la financiación de las escuelas, favoreciendo que se opte por las escuelas privadas. En consecuencia se responde a la demanda social de ampliación de la educación infantil, deteriorando la educación de los pequeños y deteriorando el empleo en la educación infantil, que muy mayoritariamente corresponde a mujeres, con el objetivo de facilitar la oferta privada de nuevos centros y la conversión de la educación infantil en un negocio más.
Carmen San José expuso que el proceso de privatización de la sanidad es un proceso largo y complejo, dada la oposición social que provoca y las dificultades para elegir las actividades rentables que se ofrecen a la privatización [2]. Este proceso se inicia allá por el año 86 con el llamado informe Abril Martorell (86) y siguió con la separación de la financiación de la provisión (92), con las externalizaciones y conciertos, con la ley 15/97 de “Nuevas formas de Gestión” y las Concesiones de Obra Pública (2003). Carmen analizó tres elementos centrales del proceso privatizador en la Comunidad de Madrid: los nuevos hospitales privados, el Proyecto de Decreto de Área única y el déficit de financiación de la sanidad. Sobre los nuevos hospitales privados remarcó que son entre 4 y 7 veces mas caros que los públicos, que para su rentabilidad tienen menos personal y con peores condiciones laborales, que han provocado un déficit de personal en los viejos hospitales y, sobre todo, que la Administración Sanitaria pierde el control sobre los fondos públicos que les entrega. Dificultando, además, una política sanitaria orientada a la prevención de la enfermedad, pues ésta no proporciona rentabilidad. En relación con el Área única sanitaria dijo que culminaría la aniquilación del sistema público, pues con la orientación de “el dinero sigue al paciente” en un marco mixto (publico / privado) se promueve el clientelismo y el marketing, en lugar de la planificación sanitaria en base a necesidades de salud; ya no habrá límites de habitantes por médico de familia, centro de salud, o especialistas, con lo cual se pueden camuflar las reducciones de medios sanitarios, en función de la “libertad de elección del paciente”. En relación con el déficit de financiación de la sanidad en la CAM, señaló que se destina a sanidad un 3’25% del PIB cuando la media estatal es del 5%, que el gasto sanitario por habitante es de 1170€/año cuando la media de las CCAA es de 1358€, y que se dedica a atención primaria un 10’46% del gasto cuando la media es del 14,5%. Por otra parte señaló que las mujeres, entre los 20 y 60 años, tienen una peor percepción de su salud que los hombres y que acuden significativamente mas que ellos a los servicios sanitarios, debido a que en muchas ocasiones van por sus familiares y por que el estrés de la doble actividad (laboral y de cuidados), hace que sufran un mayor malestar vital. Sin duda la reducción de personal sanitario (aumento de las listas de espera por Ej.), y el deterioro de los medios dedicados a la prevención de las enfermedades que supone el proceso privatizador, dificultará la eliminación de esas desigualdades hacia las mujeres.
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[1] Para una información mas completa acudir al documento de la Asamblea
Feminista de Madrid:
http://www.nodo50.org/feministas/madrid/docs/las%20consecuencias%20del%20decreto%20Aguirre.pdf
[2] Para ampliar este resumen consultar el documento anexo.
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