Los
afectados, denuncian al entonces responsable medioambiental de la
Comunidad de Madrid.
Treinta
y seis personas, familiares de fallecidas o que padecen graves
enfermedades que pudieran relacionarse con la incineradora de
Valdemingómez, han presentado una denuncia penal en los juzgados de
Plaza de Castilla contra el exdirector general de
Evaluación Ambiental, D. José Trigueros Rodrigo, que en el año
2008 emitió la Autorización Ambiental a la incineradora sin Estudio
de Impacto Ambiental, previo.
Entre
las afectadas hay 15 mujeres y 21 hombres; 15 de ellos ya han
fallecido, de los cuales tres son mujeres. Hay nueve personas
afectadas con cáncer de pulmón, cinco de próstata, cuatro de mama
y el resto con diversas dolencias: cáncer de colon, linfoma, cáncer
en el cerebro, fibromialgia, cáncer de páncreas,
piel, vejiga, útero, vaginal, lengua y leucemia.
Treinta
y cinco de los afectados tuvieron su domicilio o empleo en Rivas
Vaciamadrid; 32 de ellos a una distancia entre 4,80 y 5,56 Km de la
incineradora y los cuatro restantes entre 6,42 y 7,5 Km.
La
fecha de puesta en marcha de la incineradora fue el año 1993. Desde
entonces, 32 personas denunciantes han sufrido las emisiones de la
incineradora, por su domicilio o empleo, durante más de doce años,
antes de ser diagnosticados de su enfermedad; los 4 restantes
afectados han sido diagnosticados de su enfermedad, entre 2 y 8 años
después de vivir o trabajar en las proximidades de la incineradora.
La
denuncia se ampara en los numerosos estudios, como el informe de
investigadores del Instituto de epidemiología Carlos III,
que “respaldan la hipótesis de un incremento significativo del
riesgo de muerte por cáncer en las localidades próximas a
incineradoras”. Por ello consideran que las enfermedades, de ellas
mismas o de sus familiares, pudieran ser consecuencia de las
emisiones tóxicas de la incineradora y el complejo de Valdemingómez.
La
empresa propietaria de la incineradora, Tirmadrid S.A. tuvo que
solicitar una Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la obtuvo en
el año 2008, pero sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
previo, como obliga la ley, y sin que la Administración
medioambiental de la Comunidad de Madrid se lo requiriera.
De
esta forma, no se han estudiado los efectos sobre el medioambiente y
las poblaciones próximas, que el funcionamiento de la planta,
durante sus primeros 15 años de existencia pudieran haber provocado.
No se han tomado las medidas adecuadas para el control de las
emisiones, pues la Autorización Ambiental Integrada obliga a
informar previamente de la inspecciones. No se han controlado nuevas
sustancias que se emiten y que no era obligatorio controlar en el
momento de la primera autorización. No se tienen en cuenta los
efectos acumulados de todas las plantas del complejo de
Valdemingómez.
Esta
omisión del Estudio de Impacto Ambiental supone que quien dicta la
resolución concediendo la Autorización Ambiental, lo hace de manera
arbitraria y consciente, dado que por razón de su cargo y
competencia conoce perfectamente la necesidad de que el referido
estudio aparezca en el expediente administrativo.
Por
ello los denunciantes consideran que el funcionario público que
dicta la resolución, en este caso, D. José Trigueros Rodrigo,
entonces director general de Evaluación Ambiental, resuelve de
manera “arbitraria e injusta”, al conceder la Autorización, sin
prestar “atención a los efectos que sobre la salud de las personas
y el medio ambiente tiene la concesión de la AAI”, según recoge
la denuncia.
Además
de la denuncia, los denunciantes iniciarán una campaña de recogida
de firmas por Internet.
INCINERADORAS
= CANCER
AFECTADAS
POR LA INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ
